Este día, 31 de agosto de 2009, se cumplen 3 meses de gobierno ejecutivo del presidente Mauricio Funes. El triunfo electoral del FMLN y su propuesta de candidatos, Funes y Sánchez Cerén, constituye un hecho inédito en la historia política de nuestro país. Por primera vez un candidato de pensamiento de izquierda, propuesto por un movimiento que apenas hace 17 años era un frente guerrillero, es ciertamente algo que no se veía posible dado el poder electoral tradicional que la derecha política tenía, cimentado en su enorme poder económico, en el apoyo de los grandes medios de comunicación y en el control de todos los poderes gubernamentales y militares que, hasta esa fecha, habían mantenido. No hay duda que la formula FMLN, Funes y sus aliados y movimiento social, fue apropiada para lograr la presidencia de la República, vale decir el control del Órgano Ejecutivo del gobierno salvadoreño. Eso y nada más, pues el resto de Órganos del Estado, el Legislativo y el Judicial, siguen en poder de la derecha y los poderes facticos siguen siendo enormemente poderosos.
El FDC fue uno de los primeros movimientos sociales que apoyo esa formula y trabajamos intensamente por el triunfo electoral, pero en ningún momento nos engañamos o soñamos en que el triunfo iba a significar un cambio radical en las estructuras socio económicas del país. Dijimos que iba un paso importante y que, como el mismo Mauricio Funes lo ha dicho, lo posible era poner en práctica una nueva forma de gobernar el Poder Ejecutivo y comenzar a hacer realidad la opción preferencial por los pobres en el diseño, aprobación y ejecución de las políticas publicas. Estuvimos presentes en el lanzamiento de la candidatura de Funes por el FMLN, posteriormente el candidato visito la sede del FDC y el 31 de octubre de 2008, comenzamos a propiciar los encuentros de los candidatos con sectores profesionales y después con otros sectores del movimiento social.
Por el apoyo no demandamos puestos ni posiciones personales, sino lo dicho, comenzar a gobernar con eficiencia, honestidad y transparencia; revertir la orientación de la políticas gubernamentales, hasta ese momento al servicio de pequeños grupos económicos y de la cúpula del partido en el poder, y hacer realidad lo que la Constitución manda: Empezar a establecer los cimientos, como lo ordena el Art.101, de un régimen económico que responda esencialmente a principios de justicia social, que asegure a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano; que se sobreponga el interés social a la libertad económica, como lo determina el Art. 102; que prevalezca el interés publico sobre el interés privado, como lo manda el Art.246; que se cumpla el deber del Estado, establecido en Art. 117 de proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible, y, en fin, que no sean palabras huecas las contenidas en Art. 1, que ordenan al Estado asegurar a todos los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.
El Art. 235 obliga a todo funcionario, civil o militar, a jurar el cumplimiento de la Constitución y a cumplir los deberes que el cargo le impone, por cuya infracción deben responder conforme a las leyes. Pero en nuestro país, la regla general ha sido la violación a la Constitución y la impunidad, es lo primero que debe comenzar a cambiar. A lo ciudadanos, la Constitución nos impone el mismo deber de cumplir y velar porque ella se cumpla, como lo dice el Art. 72, lo que impone la necesidad de que seamos contralores de la actividad de los funcionarios y que se gobierne con plena participación ciudadana y rindiendo debidas cuentas de la gestión gubernamental, lo que para nada ha sido una práctica oficial en el pasado.
Sabemos que 3 meses es un tiempo corto para evaluar justamente la gestión de Funes, más aún cuando no se ha informado debidamente a la ciudadanía del estado en que se recibieron las distintas instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo, los antes descentralizados y semidescentralizados. Algunos funcionarios han señalado la existencia de plazas fantasmas, en el Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Gobernación y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social; se han señalado abusos cometidos en otras entidades, pero no se ha presentado un diagnostico completo de cómo se han encontrado después de 20 años de gobierno del partido Arena. No puede ser “borrón y cuenta nueva” como si nada hubiera pasado, la Constitución lo prohíbe y obliga a sancionar a aquellos que han abusado de la Hacienda Pública, la han malversado y descuidado sus deberes cometiendo delitos que no deben quedar en la impunidad, como están las graves violaciones a los derechos humanos cometidas antes, durante y después del conflicto armado.
También debemos mencionar que el nuevo gobierno ejecutivo enfrenta la crisis económica que afecta a todos los sectores de la vida nacional y que no cuenta con los suficientes recursos para cambiar políticas abruptamente, pero hay que decir como se encontraron los recursos del Estado para que no se despierte la decepción ciudadana por la ausencia aparente o real, de acciones de cambio.
Nosotros guardamos la esperanza y el pueblo también, como lo demuestra una reciente encuesta hecha por la Cid Gallup, en ella se manifiesta una aprobación del 70% de la población a Mauricio Funes, la gente aunque agobiada por la crisis económica tiene la esperanza que su situación mejorara. Las medidas urgentes que el pueblo espera, de acuerdo a una encuesta, es que se haga realidad la generación de empleos, que se combata efectivamente la delincuencia y que disminuyan los precios de las canasta básica y de las medicinas, promesas de campaña de Funes y del FMLN. Este partido también se ve beneficiado en esa consulta pues el 44% de la población encuestada lo considera como el más grande, creíble y representativo, contra un 25% que tiene el partido Arena.
Es cierto que hay quejas sensibles, por la presa “El Chaparral”, por la insuficiente depuración de funcionarios de los regímenes anteriores que estorban el trabajo de los actuales, y demandas insatisfechas como las dichas, referentes a la situación económica y a la seguridad ciudadana. El FDC demanda la rendición de cuentas sobre como se recibieron las instituciones, acción para los actos comprobados de corrupción y abuso, acelerar las medidas para enfrentar la crisis y profundizar en el tema de seguridad pública, sin olvidas que lo fundamental para nuestro pueblo es educación y la salud. Lo exigimos conscientes que es necesaria la participación ciudadana para establecer el régimen que la Constitución establece como paradigma y, de nuestra parte, seguiremos apoyando el cambio pero vigilantes como contralores sociales del gobierno de la esperanza que ayudamos a instalar.
San Salvador, 31 de agosto de 2009.
El Camino Hacia la Paz es la Justicia.
